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El PP de Gandia plantea que las ‘responsabilidades’ en IPG abarquen toda la existencia de la empresa pública

Los populares aseguran que los socialistas “realizaron contrataciones sin seguir los procedimientos reglados, solicitaron créditos sin autorización y compraron los bienes inmuebles que provocan el agujero en la contabilidad de 2014”. Salvador Gregori replica que el PP fue responsable de la pérdida de más de 18 millones de euros en IPG en 2014. El 7 de marzo la junta general aprobará el proceso de liquidación.

SG / Fotos: Àlex Oltra. 11/02/2016

  
A la izquierda, Salvador Gregori. A la derecha, Soler y Vicent Gregori, del PP.

El Grupo Municipal del PP de Gandia, a través de Víctor Soler y Vicent Gregori, ha pedido que la investigación sobre IPG se extienda a toda la existencia de la empresa pública, incluyendo también la época en que gobernaron, PSOE, Bloc y PdG, cuando existían varias mercantiles de este tipo.  En una rueda de prensa, Soler sospecha que la liquidación prevista sea “la excusa para decir que han cumplido su compromiso electoral, pero esta se eternice y sigan disponiendo de la empresa pública para seguir con su política de enchufismo y contrataciones dudosas”.

Soler abundó en que se debería encargar una auditoría económica completa desde la constitución de las empresas públicas, en 2006: “Es necesario preguntarse para qué se pidieron préstamos bancarios, muchos de ellos sin autorización que no se podían devolver; quién o quiénes compraron bienes inmuebles que se han depreciado y así figura en las Cuentas de 2014, provocando un gravísimo perjuicio para las arcas municipales y quiénes realizaron numerosas contrataciones sin seguir los procedimientos reglados”, aseguró.

Por su parte, Vicent Gregori acusó a los actuales responsables de promover una “cacería política y una causa generalizada contra el PP, que nos deja en clara indefensión”.

Respuesta del Gobierno
En respuesta a estas declaraciones, el responsable de Economía y miembro del consejo de administración de IPG, Salvador Gregori, indicó que, al margen de la devaluación de los inmuebles motivada por la "crisis inmobiliaria", el PP es responsable de unas pérdidas en 2014 que alcanzaron los 18,5 millones de euros. Esta deuda se trasvasará, como toda la de IPG, a la del Ayuntamiento, y a ella deberán hacer frente todos los ciudadanos.

La junta general de IPG tiene previsto aprobar la liquidación el próximo 7 de marzo y adoptar posibles acciones judiciales de "responsabilidad social" contra los miembros del consejo de administración en la anterior legislatura, del PP.












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