El temido billete de vuelta

Muchos inmigrantes llegados a España durante los pasados años de bonanza económica, consiguieron trabajo y pudieron emprender una vida nueva. Las tareas domésticas, la hostelería y la construcción fueron los sectores en los que mayoritariamente se ocuparon los recién llegados.

Sin embargo, la nueva situación económica ha provocado que muchos de ellos se vean en paro. Algunos, incluso habían adquirido una vivienda que como miles de españoles, se les presenta ahora como una soga en el cuello. Para muchas familias tras varios meses de desempleo, la única solución es conseguir un billete de regreso a su país ya sea con sus ahorros o a través de ayudas estatales. El pasado 2007, el departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Gandia tramitó un caso de retorno voluntario. En lo que llevamos de año, son ya 33 los expedientes tramitados. 31 de inmigrantes de origen boliviano, uno de Brasil y otro de Colombia.

400 euros y un billete de regreso
Estas son las ayudas que estipula en la actualidad el Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España. Este programa lo gestiona la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), nacida en 1951, y lo subvenciona la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Para acogerse a este programa, que funciona en España desde hace más de 10 años, el departamento de Cooperación de Gandia solicita: demostrar que se está empadronado en el país desde hace más de seis meses, una fotocopia del pasaporte completo de todos los que vayan a viajar, un certificado de convivencia que muestre las personas que viven en una misma vivienda y por supuesto, la solicitud de regresar voluntariamente a su país. No es necesario estar legalizado en España.

Con toda esta documentación más un informe que demuestre que estas personas no pueden hacerse cargo del billete de vuelta, realizado por los trabajadores del departamento de Cooperación del Ayuntamiento, el Ministerio evalúa si esa persona puede acogerse a este plan. Hay que tener en cuenta que no se pueden acoger los nacionales intracomunitarios, ni de países candidatos a la UE o de la cuenca mediterránea (Mauritania, Marruecos, Túnez, Argelia o Libia).

Begoña Martí, coordinadora del departamento de Cooperación, asegura que la respuesta que antes se tenía en un mes ahora puede tardar hasta tres debido al incremento de las solicitudes.
Una vez aceptado el expediente, el Ministerio les proporcionará un billete de regreso a sus países y 400 euros para gastos improvistos por persona que reciben en su país de origen a través de las oficinas de la OIM. A cambio los inmigrantes se comprometen a no regresar inmediatamente, y si regresan, hacerlo de forma legal. Además, antes de partir han de devolver el permiso de Trabajo y Residencia (PTR) si lo tuvieran.

Otro tipo de ayuda es la que proporciona, una subvención de 1.500 euros por persona, con un límite de 4.500 euros por familia, además del billete de regreso, para montar un negocio en el país de origen. El procedimiento es el mismo, pero existe un problema, no quedan fondos. “La pasada semana me comunicaron desde Gobierno que se han terminado los fondos para este tipo de ayudas. Tendremos que esperar a que se cree otra partida presupuestaria”, afirma Martí.
Desde el departamento de Cooperación se asegura que los inmigrantes están desesperados. “Ninguno quiere irse porque la situación en su país es peor. Algunos incluso no tienen vivienda propia allí. Cuando llegan a solicitar estas ayudas, están en un estado psicológico muy malo. Otros, en cambio, dicen que casi no salen de casa porque son indocumentados y tienen miedo a ser extraditados”, cuenta Martí.

Buscando otra salida
En muchas ocasiones, la situación de las personas que se ven obligadas a regresar es tan desesperada que buscan otras alternativas. Según Martí, muchas de las personas que van a pedir información cuentan como compañeros suyos se han entregado en la Comisaría de Policía Nacional de Gandia para ser extraditados de forma más rápida, por estar de forma ilegal en el país.

Sin embargo, el Segundo Jefe de la Comisaría de Gandia, aseguró a Safor Guia, que el proceso es igual de lento que el del programa de Retorno Voluntario: “Se puede tardar unos tres o cuatro meses. Nosotros realizamos un expediente de expulsión a delegación de Gobierno y hemos de esperar un decreto que lo apruebe. El tiempo de espera depende del volumen de trabajo de la delegación del Gobierno y puede ser de entre dos, tres o cuatro meses”. Además, desde comisaría se aseguraba que no han tramitado un volumen superior de expulsiones en los últimos meses. Sin embargo, una vez se obtiene la orden de expulsión el inmigrante será deportado en los pocos días. En estos casos, no reciben ningún tipo de subvención y no pueden regresar durante un período que oscila entre los 3 y 10 años.

Una nueva ley para motivar el retorno
Este mes podría aprobarse la nueva ley española del retorno voluntario para que los inmigrantes puedan cobrar en dos pagos todo el paro que hayan acumulado durante su estancia en el país. Para ello, han de haber trabajado de forma legal. De llegarse a aprobar, después se ha de esperar a la redacción del reglamento con lo que se estima que esta normativa llegue en septiembre. Y antes, el Gobierno deberá firmar convenios con los países de origen.

Desde su experiencia, Begoña Martí asegura que esta “no es una ley de cooperación con los países de origen como manifiesta el Gobierno. Sino una ley para incentivar el retorno. Pero sí realmente les quieren ayudar han de darles más divisas de sus países de origen. La estancia de inmigrantes en España ha aumentado el envío de divisas a sus países, que es lo que necesitan”.